DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS: DE LA PROHIBICIÓN AL “PERMISO POR DEFECTO”

Las decisiones individuales automatizadas son aquellas que se toman únicamente mediante procesos automáticos, sin intervención humana, utilizando tecnologías que analizan y valoran datos personales para determinar el resultado.

A continuación, mencionamos algunos ejemplos de decisiones automatizadas:

• Finanzas: aprobación o denegación automática de solicitudes de crédito.
• RRHH: filtrado y selección automática de currículums.
• Seguros: cálculo y aprobación automática de primas basadas en datos de riesgo (edad, historial de conducción, ubicación).

Antes de la aprobación de la DUAA, el artículo 22 UK GDPR establecía la prohibición general de decisiones basadas exclusivamente en tratamiento automatizado de datos con efectos jurídicos o similares sobre el individuo titular de los mismos, salvo que, en el caso del tratamiento de datos ordinarios, aplicara alguna de las siguientes excepciones:

1. Fuera necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento.
2. Consentimiento expreso del interesado.
3. Autorizada por la ley.

Con la aprobación de la DUAA, el artículo 22 UK GDPR es sustituido por los nuevos artículos 22A–22D UK GDPR. El cambio fundamental radica en que la norma deja de partir de una prohibición general de las decisiones automatizadas para establecer, por el contrario, su permiso por defecto, siempre que dichas decisiones se basen en datos personales ordinarios y no en datos de categorías especiales.

En el caso de los datos de categorías especiales (como, por ejemplo, los datos biométricos, relativos a la salud o al origen étnico), se mantiene el régimen restrictivo previo contemplado en el artículo 22 del UK GDPR. Es decir, todo interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos de categoría especial, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre él o le afecte de manera similar de forma significativa, salvo que este haya dado su consentimiento expreso o exista un interés público.

Salvaguarda de derechos, libertades e intereses legítimos del interesado

Tanto en las decisiones automatizadas basadas en datos ordinarios como en aquellas basadas en el tratamiento de datos de categoría especial, se mantienen las garantías ya recogidas en la UK GDPR antes de la aprobación de la DUAA. En este sentido, el responsable del tratamiento de datos deberá adoptar las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, las libertades y los intereses legítimos del interesado. Como mínimo, deberá garantizar el derecho de este a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión cuando así lo solicite.

Dichas garantías también son de aplicación en la Unión Europea, como se indica en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Con esta medida, el Reino Unido pretende crear un marco regulatorio más permisivo para la toma de decisiones basadas exclusivamente en el procesamiento automatizado de datos.

No obstante, la Information Commissioner’s Office (ICO) ha anunciado la publicación, durante la primavera de 2026, de una guía destinada a abordar esta reforma legislativa. En ella se aclararán conceptos clave y sus implicaciones prácticas, lo que resultará de gran utilidad para comprender e interpretar los efectos reales de la nueva normativa.

SOLICITUD DEL INTERESADO (DATA SUBJECT REQUEST O DSR): REGLA ‘STOP THE CLOCK’ Y BÚSQUEDAS RAZONABLES Y PROPORCIONADAS

La Data Subject Request (DSR) se refiere a la solicitud que una persona residente en el Reino Unido, o un tercero autorizado en su nombre, puede presentar ante una empresa para obtener la información a la que tiene derecho conforme al artículo 15 del UK GDPR.

Esta solicitud puede incluir:

• La confirmación por parte de la empresa de si está tratando datos personales del solicitante.
• Una copia de los datos personales del solicitante que la empresa esté tratando.
• Información adicional relativa al tratamiento de dichos datos personales.

Stop the clock rule

Las empresas deben responder a las DSR de los usuarios en un plazo de 30 días naturales, a contar desde la fecha en la que la empresa la recibe. Tras las modificaciones introducidas por la DUAA, las organizaciones pueden suspender (‘stop the clock’) este plazo de un mes cuando reciban una solicitud de un titular de datos personales o de un tercero autorizado por este, si necesitan información adicional para comprender el alcance de la petición y así poder dar la respuesta requerida. La suspensión del plazo opera hasta que se reciba la aclaración solicitada; una vez proporcionada, el plazo reanuda su cómputo a contar desde la fecha en que se interrumpió.

Searches needed to be reasonable and proportionate

La medida de suspensión del plazo (stop the clock) facilita la aplicación de otra disposición ya prevista en el case law, pero ahora codificada expresamente en la DUAA, según la cual los usuarios solo tienen derecho a información relativa al tratamiento de sus datos personales, siempre que el responsable del tratamiento pueda proporcionarla tras realizar una investigación razonable y proporcionada.

De este modo, se busca equilibrar los derechos de los interesados con las obligaciones operativas de los responsables del tratamiento, limitando el alcance de las solicitudes de acceso a aquellas búsquedas que resulten factibles y no desproporcionadas.

PROCESO DE RECLAMACIONES (DATA PROTECTION)

La DUAA establece que las personas que deseen presentar una reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales deberán, con carácter previo, dirigirse obligatoriamente al responsable del tratamiento - esto es, a la organización o empresa que trate sus datos - antes de poder elevar dicha reclamación ante la Information Commissioner’s Office(ICO).

Asimismo, la DUAA introduce por primera vez la obligación de que los responsables del tratamiento dispongan de un proceso de reclamaciones accesible y transparente que permita a los interesados presentar sus reclamaciones. Según las recomendaciones del ICO, esto puede lograrse mediante las siguientes acciones:

• Poner a disposición de los usuarios un formulario de reclamaciones para que estos puedan cumplimentarlo y enviarlo por email a la empresa.
• Habilitar una línea de teléfono para tramitar reclamaciones.
• Habilitar un portal de reclamaciones en línea.

Si desea recibir más información sobre el resto de medidas introducidas por la DUAA, así como sobre otras actualizaciones relevantes en materia de protección de datos y uso de IA aplicables a empresas que ofrecen bienes y/o servicios a usuarios residentes en el Reino Unido, no dude en ponerse en contacto con nosotros enviando un email a laura.gallego@scornik.com.

Written by Laura Gallego Herráez.

En empresas con actividad en múltiples jurisdicciones y equipos técnicos desplazados, disponer de políticas claras es clave para evitar inconsistencias, reclamaciones y riesgos operativos.

Reino Unido: Un Employee Handbook es clave para una buena gestión

Aunque en Reino Unido no es obligatorio legalmente contar con un Employee Handbook, en la práctica es uno de los documentos más importantes para cualquier empleador.

Un Handbook bien elaborado:

• Asegura que los procedimientos son claros, accesibles y coherentes.
• Reduce malentendidos y actúa como marco protector en caso de conflicto.
• Es fundamental para demostrar trato justo y transparente ante un Tribunal Laboral (Employment Tribunal).

Para empresas españolas que operan en UK, contar con un Employee Handbook es esencial para evitar reclamaciones laborales y garantizar el cumplimiento normativo.

Cómo Scornik Gerstein puede impulsar tu empresa

En Scornik Gerstein asistimos a:

• Empresas españolas que emplean personal en el Reino Unido
• Empresas británicas que operan en España
• Grupos empresariales que buscan alinear políticas internas entre España y Reino Unido
• Multinacionales que quieren un marco normativo adaptado a cada jurisdicción española y británica

Nuestros servicios incluyen:

• Redacción de Employee Handbooks adaptados al marco legal del Reino Unido.
• Elaboración y actualización de políticas internas
• Adaptación de políticas existentes de empresas españolas para evitar contradicciones con la normativa.
• Armonización de políticas entre España, UK y otros países donde opere la empresa.

Nuestro objetivo es ayudar a construir políticas coherentes y legalmente seguras, que impulsen la eficiencia y estabilidad de las empresas y sus operaciones.

Nuestro objetivo es que tus normas internas sean claras, coherentes, legalmente seguras y capaces de sostener el crecimiento internacional de tu compañía.

Si tu empresa está expandiéndose internacionalmente, operando en el Reino Unido o buscando mejorar su gobernanza interna, nuestro equipo de Derecho Laboral e Internacional puede ayudarte.

El tribunal pondera, entre otros factores, las necesidades y recursos del solicitante y de los beneficiarios, la naturaleza y tamaño del patrimonio, las disposiciones del testamento, la discapacidad y cualquier otra circunstancia relevante. Para el cónyuge o pareja civil, el estándar suele aproximarse a lo que sería justo en un reparto matrimonial; para otros solicitantes, la referencia es su mantenimiento razonable.

Plazo: por regla general, la demanda debe presentarse en los seis meses siguientes a la concesión del Grant (véase el proceso de testamentaría). Es posible pedir permiso para demandar fuera de plazo, pero no está garantizado.

Otras vías de impugnación o protección

1. Validez del testamento: cabe impugnar por falta de capacidad, influencia indebida, falta de conocimiento y aprobación, o defectos formales bajo la Wills Act 1837.
2. Remedios en equidad: el proprietary estoppel y los constructive/resulting trusts pueden reconocer derechos sobre activos concretos cuando hubo promesas claras o aportaciones realizadas en la expectativa de recibir un interés hereditario.
3. Intereses en la vivienda: los convivientes o co-propietarios pueden, además, plantear cuestiones de cuotas reales y realización de bienes bajo el marco de trusts de la vivienda, cuando proceda.

Intestación (cuando no hay testamento)

Si no existe testamento válido, rigen las reglas de intestación:

1. El cónyuge o pareja civil suele recibir en primer lugar los bienes personales (personal chattels), una cuantía preferente (estatutaria, sujeta a actualización) y una parte del remanente; los hijos comparten el resto a partes iguales por estirpes.
2. Si no hay descendientes, el cónyuge/pareja civil puede heredar la totalidad.
3. Las parejas de hecho no registradas no heredan automáticamente por intestación.
4. Si no hay cónyuge/pareja civil ni descendientes, heredan los parientes más próximos conforme al orden legal; en ausencia total, los bienes pasan a la Corona (bona vacantia).

Estas reglas se aplican únicamente a los bienes que integran la herencia (no a los que pasan por derecho de acrecer ni, en general, a pólizas o cuentas con beneficiario designado).

Proceso de testamentaría (probate) en Inglaterra

Cuando una persona fallece en Inglaterra, su patrimonio se administra por un representante personal: el executor (si hay testamento y nombramiento válido) o el administrator (si no hay testamento o no hay ejecutores capaces/actuantes). El título habilitante es el Grant of Probate (con testamento) o las Letters of Administration (sin testamento).

Etapas típicas

1. Localización del testamento y certificado de defunción. Verificar que el testamento es el último y que cumple las formalidades. Si existen dudas, puede registrarse una caveat para pausar la concesión del Grant mientras se resuelven controversias.
2. Identificación y valoración de activos y pasivos. Inventariar inmuebles, cuentas, inversiones, pensiones, pólizas, objetos de valor, y deudas/gastos. Determinar la titularidad (individual, joint tenancy, tenancy in common) y si hay beneficiarios designados.
3. Impuesto sobre Sucesiones (Inheritance Tax, IHT). Cumplir las obligaciones fiscales ante HMRC: presentar los formularios aplicables, valorar activos a mercado, aplicar umbral exento y exenciones (p. ej., entre cónyuges/parejas civiles, fines benéficos), y pagar o acordar pago en plazos cuando la ley lo permite (por ejemplo, respecto de inmuebles). El IHT genera intereses si se paga fuera de plazo.
4. Solicitud del Grant. Una vez atendido el frente fiscal (o preacordado), el representante solicita el Grant ante el Probate Registry, aportando declaraciones, el testamento original (si lo hay) y la documentación de soporte.
5. Realización de activos y pago de deudas. Concedido el Grant, se consolidan los activos, se pagan deudas, gastos y tributos. Suele publicarse un aviso a acreedores conforme al Trustee Act 1925, s. 27, para limitar la responsabilidad personal del representante si posteriormente aparecen deudas no notificadas.
6. Gestión de reclamaciones y contingencias. Antes de distribuir, deben resolverse posibles reclamaciones (p. ej., bajo la 1975 Act), disputas de validez, rectificación/interpretación del testamento y cuestiones de título.
7. Distribución y rendición de cuentas. Se efectúa la distribución conforme al testamento o a la intestación, se preparan cuentas de administración y se recaban los recibos/liberaciones de los beneficiarios. Si hay menores o trusts, se establecen las estructuras fiduciarias correspondientes.

Plazos y tiempos orientativos

El tiempo hasta obtener el Grant depende de la carga del registro, la complejidad del patrimonio y el estado del cumplimiento fiscal. La administración completa suele requerir varios meses más, especialmente si hay inmuebles que vender, inversiones ilíquidas o litigios.

Puntos prácticos clave para los no nombrados en el testamento

1. Actuar con rapidez: anota la fecha del Grant, ya que el plazo ordinario para demandas de provisión razonable es de seis meses desde su concesión.
2. Analizar la dependencia y necesidades: documenta ingresos, gastos, salud, vivienda y cualquier dependencia económica del causante.
3. Revisar la estructura de titularidad: determina si los activos clave estaban en joint tenancy (suelen quedar fuera de la herencia) y valora si existen bases para impugnar esa configuración o para alegar equidad.
4. Explorar vías alternativas: además de la 1975 Act, considera posibles impugnaciones del testamento y remedios en equidad si hubo promesas o aportaciones significativas.

Conclusión

En Inglaterra, la libertad de testar se equilibra con mecanismos eficaces para proteger a cónyuges, parejas civiles, convivientes cualificados, hijos y dependientes no nombrados o insuficientemente provistos, principalmente mediante la Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975. Cuando no hay testamento, las reglas de intestación determinan el reparto, sin derechos automáticos para parejas de hecho no registradas. La testamentaría exige una gestión ordenada: valoración del patrimonio, cumplimiento de IHT, obtención del Grant, satisfacción de deudas y reclamaciones, y distribución final con rendición de cuentas. La celeridad y una evaluación probatoria sólida son determinantes para salvaguardar los derechos de quienes no fueron incluidos en el testamento.

¿Cómo obtener la licencia en España?

Habría que registrarse en el Banco de España como proveedor de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodio de monederos electrónicos.

¿Cómo se presenta la solicitud de la licencia?

Hay tres formas:

1. Electrónica: su uso es obligatorio para las personas jurídicas y recomendable para las personas físicas. Presentar la documentación necesaria a través del Registro Electrónico del Banco de España disponible en el apartado “Tramitación".
2. Por correo: solo podrán hacer uso las personas físicas. La documentación requerida debe dirigirse al Banco de España.
3. Presencial: Solo podrán hacer uso las personas físicas. La documentación requerida en este proceso se puede presentar en el Registro General del Banco de España.

¿Qué documentación debe ir en la solicitud?

1. Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2. Documento de análisis de riesgos.
3. Formulario para el alta del registro de Proveedores de Servicios de cambio de moneda.
4. Formulario para el alta del registro de Proveedores de Servicios de cambio de custodia.
5. Documento acreditativo del alta como trabajador autónomo (este solo aplicable a personas físicas).
6. Formulario para la evaluación de la idoneidad para proveedores de servicio de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.
7. Certificado de antecedentes penales.
8. Documentos de identidad.

Plazo de resolución

Una vez presentada la solicitud de registro, el Banco de España cuenta con un plazo para resolver de 3 meses desde la recepción de dicha solicitud.

Durante la tramitación del procedimiento podrán subsanarse las deficiencias detectadas en la solicitud y requerirse información o documentación adicional. En el caso de que el Banco de España requiriese documentación o información adicional necesaria se suspenderá el plazo máximo para resolver hasta la obtención de dicha información o documentación.

Escrito por Pilar García Fernández

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¿Cómo se aplican los Convenios de Doble Imposición?

Los convenios internacionales para evitar la doble imposición pueden aplicarse a diferentes ámbitos:

• Impuestos sobre la renta de las personas (físicas y jurídicas) y el patrimonio;
• Impuestos sobre las herencias;
• Rentas procedentes de la navegación marítima y aérea internacional.

En dichos convenios, se dispone, respecto de cada una de las rentas, las potestades en materia impositiva que tiene cada país firmante. Así, dependiendo de cada supuesto concreto, la potestad tributaria la puede tener en exclusiva el país en el que resida el contribuyente o el país en el que se ha generado la renta que deba gravarse.

Además, puede darse la circunstancia de que la potestad para tributar una misma renta, sea compartida entre los dos Estados firmantes, pudiendo ambos gravar la misma ganancia, pero con la obligación, normalmente del país en el que reside el contribuyente, de coordinar medidas de compensación que impidan la doble imposición.

Escrito por Laura Gallego Herráez

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• No discriminación entre el régimen regulador aplicable a las inversiones nacionales respecto a la normativa de aplicación a las inversiones procedentes del otro Estado firmante, con la excepción de los privilegios concedidos a terceros países como resultado de procesos de integración económica regional.
• Se prohíbe la expropiación sin compensación justa.
• Derecho a la libre transferencia de beneficios y capital.
• Disposiciones sobre resolución de conflictos entre el inversionista y el Estado para que, en caso de advenir controversia entre ambas partes, éstas se resuelvan a través del arbitraje internacional. Por ejemplo, de conformidad con:
1. Las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI);
2. La Cámara de Comercio Internacional de París (CCI);
3. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Washington (CIADI).

APPRI firmados entre Reino Unido y países de América Latina

A continuación, mencionamos algunos de los APPRI que Reino Unido tiene firmados con países de América Latina. Además, RU continúa abriendo negociaciones con más países latinoamericanos para ampliar la lista.

1. COLOMBIA.
2. CHILE.
3. PARAGUAY.
4. MÉXICO.

Escrito por Laura Gallego Herráez

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Elección de la Ley Inglesa como Norma Aplicable Al Contrato

Reglamento de Roma I.

El Reglamento de Roma I, faculta a las partes a elegir la ley aplicable al contrato. Así, en el artículo 3 del mencionado reglamento se manifiesta lo siguiente:

«El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca del contrato. Por esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato».

No obstante, cuando todos los demás elementos relacionados con el contrato, estén localizados en un país distinto de aquel cuya ley se elige, la elección de las partes no impedirá la aplicación de las disposiciones de la ley de ese otro país, que no puedan excluirse mediante acuerdo (normas imperativas o leyes policía).

A este respecto, cabe señalar que el Reino Unido (RU) ha incorporado a su legislación nacional el Reglamento de Roma I, por lo que éste sigue siendo de aplicación en su territorio tras el Brexit, al igual que lo es en la Unión Europea (UE).

No obstante, para la efectiva aplicación del Reglamento de Roma I, no es condición sine qua non que el Estado cuya legislación se ha escogido como norma aplicable al contrato, esté adherido a dicho Reglamento. En consecuencia, en caso de que el RU no hubiera incorporado a su legislación nacional el Reglamento de Roma I, dos partes contratantes, residiendo ambas o una de ellas en la UE, podrían acordar, bajo el amparo del Reglamento de Roma I, elegir la legislación inglesa como ley aplicable a su contrato. Es decir, no se requiere reciprocidad para garantizar una efectiva aplicación del reglamento.

En conclusión, las partes podrán continuar eligiendo la legislación inglesa como ley aplicable a su contrato, aunque unas de ellas o ambas sean residentes en un Estado miembro de la UE.

Cláusula de Sumisión a los Tribunales Ingleses

A la hora de operar en el mercado internacional, es recomendable pactar en el contrato la jurisdicción a la que las partes acuerdan someterse en caso de conflicto ya que, al obtener certeza al respecto, no sólo se reducen los costes y tiempos procesales, sino que además aseguramos el reconocimiento y ejecución de las futuras resoluciones en el Estado requerido.

A continuación, analizamos la normativa a tener en cuenta para elegir los Tribunales ingleses, como órganos jurisdiccionales conocedores de las disputas que puedan surgir del incumplimiento de un contrato internacional, en la era post Brexit.

Convenio de la Haya de 2005

Convenio de la Haya de 2005 , sólo aplica a cláusulas exclusivas de elección de foro en materia civil y mercantil internacional entre países que apliquen el Convenio.

Dicho convenio alberga disposiciones en materia de competencia (arts. 5 a 7) y referentes al reconocimiento y ejecución de sentencias (arts. 8 a 15).

El 28 de septiembre de 2020, el RU ratificó el Convenio de la Haya de 2005, entrando éste en vigor el 1 de enero de 2021. En consecuencia, tras el Brexit, las partes de un contrato, con independencia de que ambas o alguna de ellas sea residente en la UE, pueden designar a la jurisdicción británica, como la única competente para conocer de los litigios derivados del incumplimiento de dicho contrato, por ser el RU Estado contratante del Convenio.

No obstante, debe tenerse en cuenta que el acuerdo de sumisión de foro acordado con anterioridad al Brexit en virtud del Convenio de la Haya de 2005, no será reconocido, cuando el procedimiento se haya iniciado después del 31 de diciembre 2020. Esto se debe a que la UE considera que, tras el Brexit, dicho Convenio sólo será aplicable al RU a partir de su adhesión como Estado individual y no como miembro de la UE.

Por otra parte, es pertinente señalar las materias que quedan fuera del ámbito de aplicación del Convenio de la Haya de 2005, las cuales son, entre otras, las siguientes:

• Los derechos reales inmobiliarios y el arrendamiento de inmuebles;
• El estado y la capacidad legal de las personas físicas;
• Las obligaciones alimenticias;
• Testamentos y las sucesiones;
• Insolvencia, los convenios entre insolvente y acreedores y materias análogas; [Lectura recomendada: Brexit: Procedimientos de Insolvencia Transfronterizos]
• Transporte de pasajeros y de mercaderías;
• Arbitraje.

Convenio de la Haya de 2005 y las cláusulas asimétricas.

Las cláusulas asimétricas son aquellas que ofrecen sólo a una de las partes elegir el órgano jurisdiccional que conocerá del litigio.

Dichas cláusulas se suelen incluir en los contratos de préstamo y financiación internacionales, ya que éstas permiten al prestamista seleccionar, por ejemplo, la jurisdicción en la que el prestatario tenga ubicados bienes inmuebles, en el momento de iniciar el litigio, asegurándose así, un mayor éxito de ejecución de una sentencia futura favorable.

La parte demandada que no se beneficia de la posibilidad de elección, habrá de aceptar la decisión tomada por la parte demandante respecto al órgano jurisdiccional elegido, que conocerá del litigio.

Por el contrario, las cláusulas simétricas o bilaterales, son aquellas por las que ambas partes contratantes, deciden someterse a un determinado órgano jurisdiccional, en caso de litigio.

Sirvan como ejemplos de cláusulas simétricas o bilaterales los siguientes:

1. Ambas partes del contrato solo pueden resolver el litigio ante la jurisdicción británica.
2. Ambas partes del contrato solo pueden resolver el litigio ante la jurisdicción española.

El artículo 3 del Convenio define qué debemos entender por un acuerdo de elección de foro exclusivo. Sin embargo, dicha definición no aclara si una cláusula asimétrica debe considerarse una cláusula de jurisdicción exclusiva y, por ende, dentro del ámbito de aplicación del Convenio.

A continuación, mencionamos algunos de los casos en los que los tribunales ingleses han tenido ocasión de pronunciarse a este respecto, aunque de forma ober dicta.

Caso Etihad Airways PJSC v Flöther:

La Court of Appeal (Tribunal de apelación), ante la existencia de una cláusula asimétrica, precisó (ober dicta) que el Convenio de La Haya «probablemente debería interpretarse en el sentido de que no aplica a las cláusulas de jurisdicción asimétricas».

Caso Commerzbank Aktiengesellschaft v Liquimar tankers management:

En este caso, el High Court (Tribunal Superior) manifestó (ober dicta) que una cláusula de jurisdicción asimétrica era una cláusula de jurisdicción exclusiva a los efectos de aplicar el Convenio de la Haya de 2005.

Reglamento de Bruselas I bis

El Reglamento de Bruselas I bis, tiene como objetivo mantener la libre circulación de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil dentro de la UE, garantizando que la resolución dictada por un Tribunal de un Estado miembro de la UE sea automáticamente reconocida y ejecutable en los demás países europeos.

Teniendo en cuenta que, a diferencia del Reglamento de Roma I, el Reglamento de Bruselas I Bis sí requiere de reciprocidad para su aplicación efectiva, éste no se aplica a las resoluciones emitidas por los Tribunales británicos después del 1 de enero de 2021 (Brexit), excepto si dichas resoluciones corresponden a un procedimiento incoado con anterioridad al 1 de enero de 2021, en cuyo caso sí será de aplicación el Reglamento de Bruselas I bis.

Escrito por Laura Gallego Herráez.

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Sin embargo, el pasado lunes 13 de junio, el ejecutivo británico presentó un proyecto de ley que, de ser aprobado, modificará el marco legal actual.

¿Cuáles son los cambios que propone el proyecto del ley sobre el protocolo de irlanda?

Controles Aduaneros

RU propone crear un "carril verde" que exoneraría de controles sanitarios, aduaneros y fitosanitarios a los bienes procedentes de Gran Bretaña para su consumo final en IN.

Las empresas que deseen hacer uso de ese "carril verde" para la exportación de sus bienes, deberán inscribirse en un nuevo registro como “comerciantes de confianza”.

En cambio, los bienes de Gran Bretaña con destino final en la República de Irlanda, circularían por un “carril rojo” en el que se aplicarían todos los controles de mercancías requeridos por la normativa europea.

Regulaciones Optativas

En aras de reducir costes y burocracia, el gobierno británico propone que las empresas que comercien con IN, puedan elegir el régimen de regulación de sus exportaciones, pudiendo optar entre los estándares comunitarios (UE) o los británicos (UKCA).

Mecanismo de Solución de Conflictos

El proyecto de ley pretende prescindir de la intervención del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en la resolución de disputas entre el RU y la UE, sobre la interpretación del protocolo de Irlanda del Norte.

El ejecutivo británico propone resolver los conflictos que puedan surgir, a través de un sistema de arbitraje independiente.

Bruselas responde al Reino Unido

Para defender la legalidad de dicho proyecto de ley, RU ha invocado la denominada “doctrina de la necesidad”, según la cual se puede justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales, bajo ciertas condiciones de excepcionalidad.

Sin embargo, Maros Sefcovic, comisario europeo para las Relaciones Interinstitucionales, manifestó en rueda de prensa, el pasado miércoles 15 de junio, que no existe ninguna justificación legal o política para cambiar de forma unilateral un acuerdo internacional, y subrayó que lo que ha hecho Londres es ilegal. En consecuencia, la UE procederá a abrir procedimientos de infracción contra RU.

Infórmate sobre las novedades del Brexit, conoce los últimos cambios normativos y organiza tu calendario con las fechas más relevantes para ti en The Brexit Law.

Escrito por Laura Gallego Herráez.

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Información que debe facilitar la empresa al consumidor en virtud del ECR

Con el objetivo de que el comprador sepa exactamente quién le vende la mercancía, la web de la empresa vendedora debe publicar en su portal, de forma clara, de fácil acceso a los consumidores y en inglés, la siguiente información:

• Nombre de la empresa, dirección postal y dirección de correo electrónico
• NIF o CIF.
• Número de IVA británico.
• El número de registro en el Registro Mercantil.
• Datos de cualquier autoridad de supervisión si su servicio está sujeto a un sistema de autorización (como una licencia, certificación o registro).
• Si la actividad comercial requiere de autorización administrativa previa, se deben comunicar los datos relativos de la misma, así como identificar el órgano de supervisión correspondiente.

Escrito por Laura Gallego Herráez.

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Mientras el Reino Unido (RU) era miembro de la Unión Europea (UE), las marcas registradas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, por sus siglas en inglés), estaban protegidas en todo el territorio de la Unión y, por ende, también en el país británico. Sin embargo, tras el Brexit, RU queda fuera del alcance de la EUIPO.

A continuación, abordamos los escenarios que se dibujan tras el Brexit.

Marcas registradas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) antes del 31/12/2020

Aquellas marcas que ya estaban protegidas en toda la UE, mediante el único depósito en la EUIPO, antes de que finalizara el período de transición, esto es, antes del 31/12/2020, han sido incorporadas de forma automática a la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido (UKIPO).

Dicha incorporación al UKIPO, se ha hecho haciendo constar la misma fecha de registro y vigencia que se refleja en su registro en la UE, sin que haya sido necesario que el titular haga ningún trámite.

Registrar una marca en RU después del 31/12/2020

Aquellos que deseen proteger su marca en RU, una vez finalizado el período de transición, pueden hacerlo a través de dos rutas diferentes:

• Registro en la UKIPO.
• Registro en la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)

Esta ruta es recomendable cuando se desea hacer el registro de la marca de forma simultánea en varios países, siendo RU uno de ellos.

Escrito por Laura Gallego Herráez.

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